SOLICITAR información de cualquier órgano del Estado dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal;
RECIBIR información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal;
ACCESO gratuito a la información en tanto que no requiera reproducción de la misma;
SOLICITAR, RECIBIR y DIFUNDIR informaciones pertenecientes a la administración del Estado;
CONOCER los proyectos de reglamentos y otras disposiciones de carácter general que rigen las relaciones entre los particulares y la administración;
OPINAR sobre los proyectos de reglamentos y otras disposiciones de carácter general que rigen las relaciones entre los particulares y la administración;
OBTENER información sobre los servicios que ofrece el Estado y sus tarifas;
SABER la estructura, integrantes, normativas de funcionamiento, proyectos, informes de gestión y bases de datos de la administración pública;
CONOCER sobre los presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y estado de ejecución;
TENER información sobre los programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión;
ESTAR AL TANTO sobre las licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados;
ACCEDER a la nómina del Estado y sus remuneraciones;
CONOCER la declaración jurada patrimonial de los funcionarios del Estado cuando su presentación corresponda por ley;
RECIBIR información sobre el listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros;
SABER sobre el estado de cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos;
BUSCAR las leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier tipo de normativa;
SOLICITAR Y RECIBIR oportunamente cualquier tipo de documentación financiera relativa al presupuesto público.
En cumplimiento a la Ley 200-04 y el Decreto 130-05, el acceso a la información se hará efectivo siempre y cuando no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás.